BALTIMORE, MD – Tres demandantes, Marvin Amilcar Dubon Miranda, Ajibade Thompson Adegoke y Jose de la Cruz Espinoza, representados por la Coalición de los Derechos de los Inmigrantes del Área Capital (CAIR), la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y la ACLU de Maryland (ACLU-MD) presentaron una demanda hoy desafiando a la administración Trump y su falta de audiencias justas para los inmigrantes detenidos.
A muchas de estas personas, incluidos los solicitantes de asilo, se les negó la libertad sin que el gobierno justificara su encarcelamiento, en violación de sus derechos al debido proceso bajo la Quinta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Otros eran elegibles para la liberación mientras esperan sus procedimientos judiciales de inmigración, pero actualmente están detenidos únicamente porque no tienen los recursos financieros para comprar una fianza por su libertad, en violación de sus derechos bajo la Cláusula del Debido Proceso y la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
"Cuando el juez anunció que la fianza fue de 20,000 dólares, me asusté", dijo el demandante Jose de la Cruz Espinoza. "Mi esposa y mis hijos también estaban muy molestos. Sabíamos que nunca podríamos pagar esa cantidad".
Estas detenciones inconstitucionales afectaron la salud emocional de los demandantes. Ajibade Thompson Adegoke dijo: "A veces, me siento tan deprimido por estar detenido sin saber si mi familia está a salvo que me quedo en mi celda durante cuatro o cinco días sin salir".
Otro demandante, Marvin Amilcar Dubon Miranda, dijo: "Me rompe el corazón que no puedo dar dinero ni apoyo emocional a mi hijo desde dentro de la detención dejando a su madre sin ningún apoyo para criarlo".
Los inmigrantes a menudo se enfrentan a las audiencias de bonos sin representación legal, no se les proporciona ninguna explicación de cómo funciona el proceso y se enfrentan a las barreras del idioma. Además de la discriminación basada en la riqueza, muchos inmigrantes se ven obligados inconstitucionalmente a tener la responsabilidad de defender la libertad, en lugar de poner la responsabilidad de explicar por qué se justifica su detención en manos del gobierno.
“Mantener a las personas encerradas en centros de detención debido a su situación financiera y otras inequidades ya es muy malo. Pero en medio de la pandemia de coronavirus, puede ser una pena de muerte para las personas detenidas", dijo Michael Tan, subdirector del Proyecto de los Derechos de los Inmigrantes de la ACLU.
Detener a un inmigrante porque no puede dar miles de dólares para comprar su libertad es inhumano y causa dolor para los inmigrantes y sus familias y es especialmente malo durante la pandemia de coronavirus cuando deberíamos reducir la cantidad de personas en los centros de detención para nuestra salud pública.
Jenny Kim, abogada principal de la Coalición de CAIR dijo: "La detención civil innecesaria causada por procedimientos de bonos inconstitucionales, especialmente con casos de coronavirus en instalaciones de ICE, es simplemente erróneo. Todo lo que estamos pidiendo es procedimientos más justos. El tribunal de inmigración debe obligar al gobierno a demostrar por qué la privación de libertad de una persona está justificada y considerar la capacidad de una persona para pagar el monto de la fianza. Cuando un juez establece una fianza y ha decidido que una persona no debe ser detenida, entonces la persona no debe mantenerse en un centro de detención sólo porque no puede pagar".
No solo es un problema de desigualdad de riqueza, sino que también es un problema racial. ICE tiene una larga y terrible historia de discriminación racial contra los inmigrantes de color. El desprecio del gobierno por los derechos constitucionales de los inmigrantes que son arrestados por ICE sólo amplía el racismo sistemático que se encuentra dentro del sistema de inmigración. Los inmigrantes negros y latinos no deberían tener que sufrir porque nuestros tribunales no aceptarán sus derechos ni su humanidad.
Nick Taichi Steiner, abogado de la ACLU de Maryland, dijo: "Demostrar si una persona que ha emigrado a los Estados Unidos debe ser encerrada, junto con el establecimiento de un monto de la fianza de acuerdo con lo que un inmigrante puede pagar, se supone que son responsabilidades del gobierno, no del individuo. En un sistema judicial justo, deberíamos ver estos derechos básicos y fundamentales porque son parte de nuestra Constitución”.
El caso, Miranda v. Barr, fue presentado en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Baltimore, Md.
Los demandantes están representados por Nick Taichi Steiner y Sonia Kumar de la ACLU de Maryland, Michael Tan del Proyecto de los Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, Claudia Cubas, Adina Appelbaum, Jenny Kim y Melody Vidmar de la Coalición del Derechos de los Inmigrantes del Área Capital y Deborah Marcuse, Saba Bireda, Clare Horan, Austin Webbert, Lucy Zhou, Anneke Dunbar-Gronke y Whittney Barth de Sanford Heisler Sharp, LLP.
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